Experiencias

Cataluña

Cataluña ha sido también pionera en la aplicación del Convenio Europeo del Paisaje. La Ley catalana 8/2008, de 8 de junio de Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje proclama que la riqueza paisajística constituye un patrimonio ambiental, cultural, social e histórico que influye en la calidad de vida de los ciudadanos y que deviene a menudo un recurso de desarrollo económico. Se articula en un esquema sencillo, sin figuras específicas de planificación paisajística, con un criterio básico de integración del paisaje en los instrumentos de ordenación territorial, urbanística y sectorial.

Tabla

La propia Ley dispone que no pretende regular de manera omnicomprensiva todos los elementos que influyen en la producción y transformación del paisaje. No obstante, establece de forma taxativa que las legislaciones sectoriales deberán regular el impacto paisajístico de todas sus actuaciones sobre el territorio.

El objeto de la Ley del Paisaje de Cataluña es servir de referencia para estas legislaciones y de impulso para las actuaciones específicas en el ámbito de la protección, gestión y ordenación del paisaje, sin perjuicio de lo que dispongan las normas, los planes y los programas en materia ambiental, forestal y agraria así como el resto de legislaciones sectoriales que sean de aplicación en determinados espacios o categorías de protección.

Entre los aspectos más relevantes de la Ley podríamos destacar:

• El objeto y los principios inspirados directamente en el Convenio Europeo del Paisaje siguiendo el principio fundamental de que el paisaje debe estar introducido de forma transversal en las figuras de planificación territorial.

• La creación de un Observatorio del Paisaje como órgano de colaboración de la Generalitat de Cataluña en materia de paisaje.

• El establecimiento de instrumentos para la concertación y la sensibilización de las políticas del paisaje.

• La implementación del Fondo para la financiación de las políticas de paisaje como un instrumento fundamental para el desarrollo de la Ley.

Esta ley crea el Fondo para la protección, gestión y ordenación del paisaje como instrumento financiero de la Generalidad, con el fin de destinarlo a las actuaciones de mejoramiento paisajístico. El Fondo citado se dota con las aportaciones del Gobierno por medio de los presupuestos de la Generalidad y con las aportaciones de las demás administraciones, entidades y empresas. La aportación del Gobierno al Fondo para la protección, gestión y ordenación del paisaje procede de las partidas que los presupuestos de la Generalidad adscriben anualmente al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas. Pueden recibir financiación del Fondo para la protección, gestión y ordenación del paisaje:

1. Los entes públicos, para llevar a cabo actuaciones destinadas de las finalidades establecidas en su artículo 8 y cualquier otra actuación que tenga por objeto la protección, gestión y ordenación del paisaje

2. Las entidades privadas sin ánimo de lucro legalmente constituidas que tengan entre sus objetivos cumplir actuaciones paisajísticas, y

3. Las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada, llevar a cabo actuaciones que tengan por objeto alguna de las finalidades establecidas en el artículo 8.

El Decreto 343/2006 de 19 de septiembre, por el cual se desarrolla la Ley 8/2005, de 8 de junio, de Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje regula detalladamente otros dos instrumentos básicos en el esquema técnico de la legislación específica del paisaje en Cataluña: los estudios y los informes de impacto e integración paisajística.

El estudio de impacto e integración paisajística es un documento técnico destinado a considerar las consecuencias que tiene sobre el paisaje la ejecución de actuaciones, proyectos de obras o actividades y a exponer los criterios adoptados para su integración.

El Informe tiene como objetivo evaluar la idoneidad y suficiencia de los criterios o las medidas adoptadas en los Estudios para integrar en el paisaje las actuaciones, usos, obras o actividades a realizar. Corresponde emitir el citado Informe preceptivo a la Dirección General de Arquitectura y Paisaje de la Generalitat de Cataluña.