Normativa

El paisaje es objeto de consideración jurídica en textos de distinto rango e índole, abarcando desde instrumentos internacionales hasta documentos normativos estatales o autonómicos correspondientes a diversos ámbitos jurídicos (Medio Ambiente, Ordenación de Territorio y Urbanismo, patrimonio, vías pecuarias, montes, minas, etc.). Si bien en muchas de estas alusiones el paisaje aparece como un concepto jurídicamente indeterminado y de acompañamiento, paulatinamente se va consolidando un derecho del paisaje autónoma que empieza a materializarse en determinadas normas orientadas específicamente a salvaguardar los recursos paisajísticos.

El Convenio Europeo del Paisaje es el detonante precursor de nuevas iniciativas legales que empiezan a florecer en el Ordenamiento Jurídico de muchas zonas de Europa y en nuestro propio país. En este sentido, habría que destacar la aprobación en la Comunidad Valenciana de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje o en Cataluña con la Ley 8/2005, de Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje o Galicia con la Ley de Protección el Paisaje (7/2008).

Andalucía, conjuntamente con otras dos regiones europeas (Languedoc-Rosellón y Toscana), elaboró la Carta del Paisaje Mediterráneo (Carta de Sevilla, 1992), que sirvió de base para la redacción del Convenio Europeo del Paisaje, tras ser adoptada por la Conferencia de Regiones Mediterráneas (1993) y posteriormente, por el Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa (Resolución 1994/256). Desde entonces, el paisaje ha formado parte de diversos programas e iniciativas comunitarias (LEADER, PRODER, INTERREG), se han declarado diversos “Paisajes Protegidos” (como “Río Tinto” y “Corredor del Guadiamar”), diferentes Leyes han incluido el paisaje entre su articulado y existe la voluntad de elaborar una Estrategia de Coordinación de políticas para la protección, gestión y ordenación de los paisajes andaluces, antesala de la creación de las “Bases de la Estrategia Andaluza del Paisaje”.